Historia y legislación en España sobre spam y correo basura
El spam en España, como sucede en otros países de Europa y en Norteamérica, está considerado delito porque viola la privacidad del usuario de correo electrónico, entre otras cosas, y por esto se contemplan multas económicas para aquellos que violen las legislaciones.
La mayor parte de los spam son campañas de publicidad engañosas o fraudulentas centradas en productos de baja calidad, premios falsos o intentos de hacer ingresar al usuario en webs copiadas o falsas, en las cuales se introduzcan datos privados o financieros que posteriormente puedan emplearse con fines delictivos.
La mayoría de los usuarios los perciben como tales, y aunque se estima que la tasa de respuesta es ínfima (menos de 15 por millón), producen igualmente beneficios a quienes realizan estas campañas debido al costo extremadamente bajo que insumen.
En estos correos se utiliza habitualmente un “troyano” para expandir masivamente el mensaje por ordenadores no protegidos o vulnerables, con el que también se rastrean discos duros. Como el ordenador que los envía no consume recursos propios se hace difícil localizarlo.
Además, los spammers no permanecen quietos sino que evolucionan constantemente y utilizan distintas técnicas y trucos para seguir violando los correos privados. En España, al igual que en otros países, este método cibernético es considerado delito y por ello existen normas legales concretas al respecto.
El órgano legal que regula este problema en territorio español es la “Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico (LSSI-CE)”, por la cual se prohíbe el envío de correos comerciales que no hayan sido solicitados expresamente. Además, quedan registrados como ilegales los mensajes con contenido comercial que no aclaren al usuario su carácter mediante la incorporación de la palabra “publicidad” en su encabezamiento.
Asimismo, los prestadores de servicios de Internet no pueden utilizar las casillas de correo electrónico de los usuarios para distribuir publicidad de cualquier tipo sin su consentimiento, hasta tanto se extienda el contrato de prestación de servicios firmado. Vale destacar que los usuarios pueden cambiar su posición al respecto en cualquier momento.
Las sanciones que contempla esta ley para aquellos que en algún caso no cumplan con lo que dictamina son multas económicas que rodean entre los 30 mil y los 150 mil euros. Gracias a esta ley, creada el 12 de julio de 2002, la mayoría de los programas antispam poseen un vínculo por el cual se puede denunciar fácilmente este delito.